4.1.x) // Optimización Tablas SQL. (rangos de tipos). // v2.01 - 16/10/2002 Solucionado "despistes" de la versión 2.00 de Autentificator // en aut_verifica.inc.php y aut_gestion_usuarios.php que ocasinavan errores al trabajar // con la directiva registre_globals= OFF. // Solucionado error definición nombre de la sessión. // // Descripción: // Gestión de Páginas restringidas a Usuarios, con nivel de acceso // y gestión de errores en el Login // + administración de usuarios (altas/bajas/modificaciones) // // Licencia GPL con estas extensiones: // - Uselo con el fin que quiera (personal o lucrativo). // - Si encuentra el código de utilidad y lo usas, mandeme un mail si lo desea. // - Si mejora el código o encuentra errores, hagamelo saber el mail indicado. // // Instalación y uso del Gestor de usuarios en: // documentacion.htm // ---------------------------------------------------------------------------- // Motor autentificación usuarios. // Cargar datos conexion y otras variables. require ("aut_config.inc.php"); // chequear página que lo llama para devolver errores a dicha página. /*$url = explode("?",$_SERVER['HTTP_REFERER']); $pag_referida=$url[0]; $redir=$pag_referida; // chequear si se llama directo al script. if ($_SERVER['HTTP_REFERER'] == ""){ Header ("Location: login.php?error_login=6"); exit; }*/ // Chequeamos si se está autentificandose un usuario por medio del formulario if (isset($_POST['user']) && isset($_POST['pass'])) { // Conexión base de datos. // si no se puede conectar a la BD salimos del scrip con error 0 y // redireccionamos a la pagina de error. $db_conexion= mysql_connect("$sql_host", "$sql_usuario", "$sql_pass"); //or die(header ("Location: index.php?error_login=0")); mysql_select_db("$sql_db"); $comp_user=strtolower($_POST['user']); // realizamos la consulta a la BD para chequear datos del Usuario. $usuario_consulta = mysql_query("SELECT id_socio,user,password,nivel_acceso FROM $sql_tabla WHERE user='".$comp_user."'"); //or die(header ("Location: index.php?error_login=1")); // miramos el total de resultado de la consulta (si es distinto de 0 es que existe el usuario) if (mysql_num_rows($usuario_consulta) != 0) { // eliminamos barras invertidas y dobles en sencillas $login = strtolower(stripslashes($_POST['user'])); // encriptamos el password en formato md5 irreversible. $password = md5($_POST['pass']); // almacenamos datos del Usuario en un array para empezar a chequear. $usuario_datos = mysql_fetch_array($usuario_consulta); // liberamos la memoria usada por la consulta, ya que tenemos estos datos en el Array. mysql_free_result($usuario_consulta); // cerramos la Base de dtos. mysql_close($db_conexion); // chequeamos el nombre del usuario otra vez contrastandolo con la BD // esta vez sin barras invertidas, etc ... // si no es correcto, salimos del script con error 4 y redireccionamos a la // página de error. if ($login != $usuario_datos['user']) { //Header ("Location: index.php?error_login=4"); //exit; $error_login=4; } // si el password no es correcto .. // salimos del script con error 3 y redireccinamos hacia la página de error if ($password != $usuario_datos['password']) { //Header ("Location: index.php?error_login=3"); //exit; $error_login=3; } // Paranoia: destruimos las variables login y password usadas unset($login); unset ($password); // En este punto, el usuario ya esta validado. // Grabamos los datos del usuario en una sesion. // le damos un mobre a la sesion. session_name($usuarios_sesion); // incia sessiones session_start(); // Paranoia: decimos al navegador que no "cachee" esta página. session_cache_limiter('nocache,private'); // Asignamos variables de sesión con datos del Usuario para el uso en el // resto de páginas autentificadas. // definimos usuarios_id como IDentificador del usuario en nuestra BD de usuarios $_SESSION['usuario_id']=$usuario_datos['id_socio']; // definimos usuario_nivel con el Nivel de acceso del usuario de nuestra BD de usuarios $_SESSION['usuario_nivel']=$usuario_datos['nivel_acceso']; //definimos usuario_nivel con el Nivel de acceso del usuario de nuestra BD de usuarios $_SESSION['usuario_login']=$usuario_datos['user']; //definimos usuario_password con el password del usuario de la sesión actual (formato md5 encriptado) $_SESSION['usuario_password']=$usuario_datos['password']; // Hacemos una llamada a si mismo (scritp) para que queden disponibles // las variables de session en el array asociado $HTTP_... $pag=$_SERVER['PHP_SELF']; //Header ("Location: index.php"); //exit; } else { // si no esta el nombre de usuario en la BD o el password .. // se devuelve a pagina q lo llamo con error //Header ("Location: index.php?error_login=2"); //exit; $error_login=2; } } else { // -------- Chequear sesión existe ------- // usamos la sesion de nombre definido. session_name($usuarios_sesion); // Iniciamos el uso de sesiones session_start(); // Chequeamos si estan creadas las variables de sesión de identificación del usuario, // El caso mas comun es el de una vez "matado" la sesion se intenta volver hacia atras // con el navegador. if (!isset($_SESSION['usuario_login']) && !isset($_SESSION['usuario_password'])){ if ($_SERVER['HTTP_REFERER'] == ""){ //Header ("Location: index.php?error_login=6"); //exit; $error_login=6; }else{ // Borramos la sesion creada por el inicio de session anterior //Header ("Location: index.php?error_login=6"); //exit; $error_login=6; } } } ?> CPAR
  - ASOCIACIÓN
  - ASOCIADOS
  - SERVICIOS
  - LEGISLACIÓN
  - CIRCULARES
 
  - CURSOS/JORNADAS
  - REGÍSTRATE
  - ASESORÍA ON-LINE
  - PORTAL INMOBILIARIO
 
Información
     
 
05/01/2021
Modernización de la Administración Pública


Estimad@ amig@,

En el BOE de 31 de diciembre de 2020 se ha publicado el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban, por un lado, medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y, por otro, medidas para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ("Real Decreto-ley 36/2020"), que entró en vigor el pasado 1 de enero de 2021, y cuyo texto completo puedes consultar en el siguiente enlace web: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17340


Antecedentes

La situación de crisis ocasionada por la pandemia del SARS-COVID-19 ha motivado que la Unión Europea haya aprobado un paquete de medidas para la recuperación de los Estados miembros. Así, el 21 de julio de 2020, el Consejo Europeo aprobó una serie de medidas, que aúnan el futuro marco financiero plurianual para 2021-2027 reforzado y la puesta en marcha de un Instrumento Europeo de Recuperación (el "Next Generation EU') por un valor de 750.000 millones de euros.

Según señala la parte expositiva del Real Decreto-ley 36/2020, el Instrumento Europeo de Recuperación implicará para España alrededor de 140.000 millones de euros en forma de trasferencias y préstamos para el período de 2021-2026.  El instrumento nacional para la ejecución y gestión de estos fondos será el denominado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ("Plan de Recuperación").

En este sentido, la parte expositiva del Real Decreto-ley 36/2020 precisa que "el carácter contracíclico de estos instrumentos y la urgencia de su despliegue para impulsar la recuperación económica, mitigar los impactos negativos derivados de la pandemia del COV/019 y apoyar el proceso de transformación estructural definido, en particular, en la agenda europea para la doble transición verde y digital, requiere una particular agilidad en la implementación de las medidas recogidas en el Plan de Recuperación, con el fin de poder iniciar su ejecución en 2021 y lograr el impacto perseguido desde el punto de vista macroeconómico y estructural. Para ello, es necesario adaptar las normas generales que regulan la elaboración de las disposiciones de carácter general y los procedimientos administrativos, así como la suscripción de convenios para la ejecución de los fondos del Instrumento Europeo de Recuperación. Todo ello, sin que queden mermadas en ningún caso las garantías que necesariamente han de rodear la actuación pública, ni el debido rigor en la tramitación."

Así, por un lado, el Real Decreto-ley 36/2020 recoge diversas medidas urgentes con el fin de articular un modelo más ágil y eficiente de gobernanza para la selección, seguimiento, evaluación y coordinación de los distintitos proyectos y programas de inversión.

Se crea, a este efecto, la Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, presidida  por el Presidente del Gobierno, como órgano encargado del establecimiento de las directrices políticas generales para el desarrollo del Plan de Recuperación, un Comité Técnico para el Plan de Recuperación, de soporte a la citada Comisión, y una Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, para la cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas, así como foros de participación y grupos de alto nivel para la colaboración entre el Gobierno y los principales sectores implicados en el Plan de Recuperación.

Por otro lado, el Real Decreto-ley 36/2020 recoge una serie de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, que se traducen en la creación de nuevas formas de colaboración público-privada, con especialidades en materia de convenios, contratación pública, subvenciones y procedimiento administrativo. Adicionalmente, se modifican determinadas normas de carácter general con la finalidad de modernizar la Administración pública.


1.         Ámbito de aplicación

El Real Decreto-ley 36/2020 será de aplicación, en términos generales, a las entidades que integran el sector público de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.1 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

El Título 1, el Capítulo 111 del Título 111, y los Capítulos 11, 111, IV, V y VI del Título IV, así como el artículo 46, se aplicarán a las actuaciones de  cualesquiera  de  las  entidades  del  sector  público dirigidas a  la  gestión  y  ejecución  de  proyectos  y  actuaciones  que  sean  financiables  con  los fondos europeos del  Instrumento  Europeo  de  Recuperación,  Fondo  Europeo  de  Desarrollo  Regional, Fondo Social Europeo Plus,  Fondo  Europeo  Agrícola  de  Desarrollo  Rural  y  Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.

El Capítulo 11 del Título 111 y el Capítulo VII del Título IV se aplicarán a las actuaciones de cualesquiera de las entidades del sector público en relación con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El Capítulo I del Título 111 y el Capítulo I del Título IV se aplicarán a las actuaciones de cualesquiera de las entidades del sector público dirigidas a la programación, presupuestación, gestión, ejecución y control de proyectos y actuaciones que sean financiables con los fondos del Instrumento Europeo de Recuperación.


2.         Medidas en materia de colaboración público-privada

El Real Decreto-ley 36/2020 introduce una nueva forma de colaboración público-privada: los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación de la Economía (los "PERTE").

Podrán ser reconocidos como PERTE todos aquellos proyectos de carácter estratégico con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española. En particular, los PERTE podrán consistir en (i) un proyecto único claramente definido en cuanto a sus objetivos o modalidades de ejecución; o (ii) un proyecto integrado, es decir, un grupo de proyectos insertados en una estructura, plan de trabajo o programa comunes que compartan el mismo objetivo y que se basen en un enfoque sistémico coherente.

La declaración de un proyecto como PERTE se realizará por medio de Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del departamento competente por  razón  de  la  materia, atendiendo a criterios relativos a (i) la importante contribución que implique el proyecto al crecimiento económico, a la creación de empleo y a la competitividad de la  industria  y  la economía; (ii) que permita remediar importantes deficiencias en el mercado o sistémicas y retos sociales a los que no se podría hacer frente de otra manera; (iii) que tenga un importante carácter innovador o aporte un importante valor añadido en términos de l+D+i; (iv) su importancia  cuantitativa o cualitativa, con un  tamaño  o  un  alcance  particularmente grandes, o que  suponga un nivel de riesgo tecnológico o financiero muy elevado; (v) que favorezca la integración y crecimiento de las pequeñas y medianas empresas , así como el impulso  de  entornos colaborativos; y (vi) que contribuya de una forma concreta, clara e identificable a uno o más objetivos del Plan de Recuperación.

Se crea, a su vez, un Registro Estatal de entidades interesadas en los PERTE, en el que se inscribirán todas las entidades vinculadas al desarrollo de un PERTE. La inscripción en dicho registro podrá ser considerada como requisito necesario para ser beneficiario de ayudas.

La ejecución de los PERTE se llevará a cabo a través de cuantos mecanismos estén previstos en el ordenamiento jurídico sin que en ningún caso los PERTE puedan distorsionar la competencia efectiva en los mercados, de modo que los operadores que participen en los PERTE estarán plenamente sometidos a la normativa sobre competencia.


Asimismo, el Real Decreto-ley 36/2020 regula los siguientes instrumentos de colaboración público-privada para la ejecución del Plan de Recuperación:

(i)         Agrupaciones para la presentación de solicitudes a convocatorias de ayudas para actividades vinculadas al referido Plan: en estas agrupaciones, los miembros deberán suscribir, con carácter previo a la formulación de la solicitud, un acuerdo interno que regule su funcionamiento, sin que sea necesario que se constituyan en forma jurídica alguna para ello y tendrán de manera conjunta la consideración de beneficiarios de la subvención, siendo solidariamente responsables respecto de las actividades subvencionadas a desarrollar por la agrupación.

(ii)        Régimen especial de consorcios para la ejecución del Plan de Recuperación: su principal especialidad es que no se requiere que la creación de dichos consorcios se produzca por ley, por excepción a lo previsto en la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público ("Ley 40/2015"), sino que su creación se autorizará por la Comisión del Plan de Recuperación, previo informe favorable del Comité Técnico.

(iii)       Ejecución del Plan de Recuperación a través de sociedades de economía mixta: a tal efecto se adapta la actual regulación de las sociedades de economía mixta recogida en la legislación de contratos a las colaboraciones público-privadas que se creen para el desarrollo del Plan de Recuperación con el fin de agilizar la selección del socio privado, pero respetando siempre los límites marcados por el Derecho de la Unión Europea.

En este sentido, el Real Decreto-ley 36/2020 establece que la ejecución de un contrato de concesión de obras o de concesión de servicios, relativo a un proyecto enmarcado en el Plan de Recuperación podrá adjudicarse directamente a una sociedad de economía mixta en la que concurra mayoritariamente capital público con capital privado, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

  1. que la elección del socio privado se haya efectuado de conformidad con las normas establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público o en el Libro I del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, según proceda en cada caso, para la adjudicación del contrato cuya ejecución constituya su objeto; y
  2. que no se introduzcan modificaciones en el objeto y las condiciones del contrato que se tuvieron en cuenta en la selección del socio privado.


3.         Medidas en materia de convenios de colaboración


Como medida de agilización se prevé la simplificación de la tramitación de los convenios administrativos.

En concreto, se introducen una serie de especialidades en relación con la tramitación de los convenios que celebre la Administración General del Estado, sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes para la ejecución de proyectos con cargo a fondos europeos previstos en el Plan de Recuperación, entre las cuales destacan las siguientes:

(i)         No se tendrá la obligación de aportar ningún informe adicional al informe del servicio jurídico, exceptuándose asimismo las autorizaciones de Consejo de Ministros y del Ministerio de Hacienda previstas en diferentes normas.

(ii)        El plazo de vigencia de dichos convenios podrá tener, excepcionalmente, una duración superior a la legalmente establecida, con un límite máximo de 6 años, con posibilidad de una prórroga de hasta 6 años de duración.

(iii)       Se posibilita la tramitación anticipada de los referidos convenios, en los supuestos en que se inicie en el ejercicio corriente la tramitación de los expedientes, pero su ejecución presupuestaria no vaya a tener lugar hasta el ejercicio siguiente u otros ejercicios posteriores.

(iv)       El acreedor de la Administración, en los términos que se determinen en el convenio, podrá tener derecho a percibir un anticipo por las operaciones preparatorias que resulten necesarias para realizar las actuaciones financiadas hasta un límite máximo del 50% de la cantidad total a percibir.


Asimismo, se introduce una serie de modificaciones en la Ley 40/2015, con el objetivo de agilizar, con carácter general, la tramitación de los convenios:

(i)         Se reduce a 5 días hábiles el plazo para inscribir en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal los convenios suscritos por la Administración General del Estado o alguno de sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculadas o dependientes. Asimismo, se introduce un plazo de 10 días hábiles, desde su formalización, para la publicación de los referidos convenios en el Boletín Oficial del Estado.

(ii)        Se fija un plazo máximo de 7 días hábiles para la elaboración del informe del servicio jurídico y cualquier otro informe preceptivo que establezca la normativa aplicable, así como para el otorgamiento de la autorización previa del Ministerio de Hacienda para la firma, modificación, prórroga y resolución por mutuo acuerdo de los citados convenios.


4.         Medidas en materia de contratación administrativa

El Real Decreto-ley 36/2020 introduce una serie de especialidades en materia de contratación pública para aquellos contratos que vayan a ser financiados con fondos procedentes del Plan de Recuperación, entre las cuales destacan las siguientes:


(i)         Los contratos y acuerdos marco que vayan a ser financiados mediante estos fondos quedan exceptuados del requisito de la autorización del Consejo de Ministros prevista en el artículo 324 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).

(ii)        En los contratos y acuerdos marco que se financien mediante los fondos procedentes del Plan de Recuperación, los órganos de contratación deberán examinar si la situación de urgencia impide la tramitación ordinaria de los procedimientos de licitación, procediendo a aplicar en esos casos la tramitación urgente del expediente prevista en la LCSP debidamente motivada.

(iii)       A los contratos de obras de valor estimado inferior a 200.000 euros y a los contratos de suministros y servicios de valor estimado inferior a 100.000 euros que se vayan a financiar con fondos procedentes del Plan de Recuperación, excepto los que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, les podrá ser de aplicación el procedimiento abierto simplificado abreviado.

(iv)       Cabe el procedimiento abierto simplificado ordinario para la adjudicación de contratos de obras, suministros y servicios (i) cuando se trate de contratos con valor estimado inferior al umbral establecido en los contratos sujetos a regulación armonizada (es decir, 5.548.000 euros para los contratos de obra, concesión de obras y concesión de servicios; y 221.000 euros para los contratos de suministros) y, (ii) cuando entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el 25% del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, en que su ponderación no podrá superar el 45% del total.

(v)       Se amplía el plazo máximo de duración de los contratos de suministros y servicios de carácter energético que vayan a ser financiados con fondos procedentes del Plan de Recuperación, de cinco a diez años.

(vi)       Se prevé que los poderes adjudicadores y las entidades contratantes puedan ejecutar de manera directa las prestaciones propias de los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios para la aplicación de los fondos procedentes del Plan de Recuperación, mediante la utilización de medios propios, a cambio de una compensación tarifaria.

(vii)      En los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios que se financien con cargo a fondos del Plan de Recuperación, el período de recuperación de la inversión será calculado mediante el descuento de los flujos de caja esperados por el concesionario y la tasa de descuento a aplicar en estos casos será el rendimiento medio en el mercado secundario de la deuda del Estado a treinta años incrementado en un diferencial de hasta 300 puntos básicos.

(viii)     Los contratos que se vayan a financiar con fondos procedentes del Plan de Recuperación serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación, conforme a lo previsto en el artículo 44 LCSP, si bien se establecen ciertas especialidades, entre la que destaca que el plazo de interposición del recurso será de 10 días naturales.


Asimismo, se introducen determinadas modificaciones generales en la legislación de contratos, entre las cuales destaca de un modo muy significativo la reforma del artículo 208 LCSP relativo a la suspensión de los contratos. En concreto, dicha modificación tiene por objeto suprimir de entre los conceptos que son abonables al contratista por los daños y perjuicios sufridos, el correspondiente al importe del 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista durante el período de suspensión.


5.         Medidas en materia de subvenciones

Se introducen las siguientes especialidades en materia de gestión de subvenciones financiables con fondos europeos:

(i)         Se simplifica la tramitación de las subvenciones relacionadas con el uso de fondos europeos, eliminándose determinados requisitos de informes y autorizaciones perceptivas, entre ellas, la autorización del Consejo de Ministros en el otorgamiento de subvenciones de cuantía superior a 12 millones de euros; o la autorización del Consejo de Ministros para préstamos y anticipos al tipo de interés inferior al de la deuda emitida por el Estado.

(ii)        Tal y como establece la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se prevé que las bases reguladoras de las subvenciones financiables con fondos europeos puedan incorporar la convocatoria de las mismas, simplificando los requisitos internos para su aprobación y la documentación a presentar por los posibles beneficiarios.

(iii)       En el caso de subvenciones cuyo objeto sea financiar actuaciones o situaciones concretas que no requieran valoración comparativa con otras propuestas, se contempla la posibilidad de que se dicten resoluciones de concesión por orden de presentación de solicitudes, una vez comprobada la concurrencia de dicha situación o actuación subvencionable y el cumplimiento del resto de requisitos exigidos, hasta el agotamiento del crédito presupuestario asignado en la convocatoria.

(iv)       Se simplifica la documentación que deberán presentar los beneficiarios de las subvenciones financiadas con fondos europeos para justificar la aplicación de las mismas.

(v)       Se permite la tramitación anticipada sin crédito disponible de las subvenciones financiables con fondos europeos, siempre que se acredite que se ha solicitado la modificación presupuestaria necesaria y la concesión quede supeditada a la aprobación de dicha modificación.


6.         Medidas respecto de la tramitación de los procedimientos

Se establecen también una serie de especialidades para la tramitación de los procedimientos que guarden relación con el Plan de Recuperación.

Así, el procedimiento de elaboración de las normas adoptadas en el marco de ejecución del Plan de Recuperación tendrá carácter de urgente a los efectos y con el alcance previsto en el artículo 27.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno ("Ley 50/1997"), reduciéndose a la mitad, salvo que mediante Ley Orgánica se establezca otra cosa, los  plazos  previstos  en  el artículo 26.5 de la Ley 50/1997.

Asimismo, se declara la aplicación de la tramitación de urgencia y el despacho prioritario, en los términos previstos en los artículos 33 y 71 respectivamente de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de los procedimientos administrativos que impliquen la ejecución de gastos incluidos en el Plan de Recuperación, sin necesidad de que el órgano administrativo motive dicha urgencia en el correspondiente acuerdo de inicio.


7.         Creación del Fondo de restauración ecológica y resiliencia (FCPJ) (FRER)

El Real Decreto-Ley 36/2020 crea el Fondo de restauración ecológica y resiliencia (FCPJ) ("FRER"), un fondo sin personalidad jurídica que estará integrado en el concepto de Tesoro Público, y que tendrá por objeto poner en práctica aquellas medidas destinadas a apoyar la consecución de los objetivos para lograr la transición a un modelo productivo y social más ecológico del Plan de recuperación, transformación y resiliencia en el ámbito de competencias del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en las siguientes materias:

  1. Aguas y dominio público hidráulico.
  2. Costas, protección y conservación del mar y del dominio público marítimo-terrestre.
  3. Cambio climático, su mitigación y adaptación y el fortalecimiento de la resiliencia climática.
  4. Prevención de la contaminación, fomento del uso de tecnologías limpias y hábitos de consumo menos contaminantes y más sostenibles, de acuerdo con la política de economía circular.
  5. Protección del patrimonio natural, de la biodiversidad y de los bosques.
  6. Meteorología y climatología.
  7. Cualesquiera otras que tenga atribuido el Ministerio a través de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y de sus organismos públicos.

El FRER, que se dotará con el presupuesto de explotación y capital que figure en los Presupuestos Generales del Estado, podrá financiar acciones de naturaleza anual y plurianual. Asimismo, podrá actuar como instrumento de cofinanciación destinado a asegurar la cohesión territorial y también se podrán conceder subvenciones con cargo al FRER que sean encuadrables en su objeto.


8.         Otras modificaciones normativas


Por último, el Real Decreto-ley 36/2020 introduce una serie de modificaciones normativas, entre las que cabe destacar la modificación de la Ley 40/2015, en la que, además de las modificaciones ya citadas en materia de convenios, se introducen dos Disposiciones adicionales mediante las cuales se establece que, tanto el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), como ICEX España Exportación e Inversiones, preserven su naturaleza de entidad pública empresarial sin necesidad de cumplir los requisitos previstos en los artículos 103.1 y 107.3 Ley 40/2015, exclusivamente en lo que se refiere a la financiación mayoritaria con ingresos de mercado.

Se modifica, asimismo, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y se simplifican los procedimientos de evaluación ambiental y evaluación ambiental estratégica. En particular, se prevé que se pueda excluir de la evaluación del impacto ambiental aquellos proyectos financiados total o parcialmente mediante el Instrumento Europeo de Recuperación

  1. cuando se trate de meras modernizaciones o mejoras de instalaciones ya existentes, que no supongan construcción de nueva planta, aumento de la superficie afectada o adición de nuevas construcciones ni afección sobre recursos hídricos y
  2. cuando incorporen para su financiación y aprobación la mejora de las condiciones ambientales, tales como la eficiencia energética o del empleo de recursos naturales, la reducción de su impacto ambiental o la mejora de la sostenibilidad de la instalación ya existente.


Asimismo, en materia de medio ambiente la Disposición Final tercera del Real Decreto-Ley 36/2020 reduce la duración de los trámites del procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria para la formulación de la declaración ambiental estratégica, del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada para la emisión del informe ambiental estratégico, del procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria para la formulación de la declaración de impacto ambiental y del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada.


Por último, y en materia de ordenación del territorio y urbanismo, la Disposición Final undécima modifica la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas, para establecer que si la Administración competente en materia territorial o urbanística no tuviera los elementos de juicio suficientes para decidir sobre los procedimientos de aprobación, modificación o revisión de los planes territoriales y urbanísticos, bien porque no se hubiesen recibido los correspondientes informes, o bien porque, habiéndose recibido, resultasen insuficientes para decidir, requerirá personalmente al titular del órgano jerárquicamente superior a aquél que tenía que emitir el informe para que, en el plazo de diez días hábiles, ordene al órgano competente la emisión del informe. Y este último deberá entregar su informe a la Administración solicitante en el plazo de diez días hábiles.



Esperamos que esta información sea de vuestro interés.

Saludos,


Fdo.: Juan Ramón Liébana Ortiz
SECRETARIO ASOCIACIÓN

Volver
 
Tricogeneración
Ir a Fundación Laboral de la Construcción
Ir a Federación de Empresarios de La Rioja
Ir a Confederación Nacional de la Construcción
Ir a Asociación de Promotores Constructores de España
 
CPAR | Hnos. Moroy 8 26001 Logroño (La Rioja) Tfno:941 271 271 Fax: 941 262 537 cpar@cpar.es | Aviso legal | Aviso legal | Política de Privacidad